La privatización de lo público

De un tiempo a esta parte se ha impuesto una nueva moda en la política argentina: cuando  tiene lugar un cambio de gobernante, sobre todo cuando el funcionario electo pertenece a un partido político distinto del de su antecesor, el flamante mandatario no sólo renueva su gabinete con gente de su confianza y procura poner en práctica sus proyectos y promesas, lo cual es esperable, sino que antes que nada cambia la "estética" entera de toda la publicidad gráfica oficial y crea una suerte de "logotipo" que desde entonces será como el símbolo de su gestión.

La primera vez que registré esta costumbre fue durante el gobierno de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Ayres. Luego, la llegada de Macri supuso cambiar el logotipo de la gestión de Ibarra ("gobBsAs") por otro y pintar toda la ciudad del color de su propio partido político. 

En la zona donde vivo, en los últimos años, nos hemos acostumbrado a este fenómeno: el partido de Tigre no sólo cambió de "logo" y de color, sino que dejó de ser "municipalidad" para ser "municipio" (¿?), y lo mismo acaba ahora de ocurrir en mi partido de San Fernando.

Ahora bien, esto que a primera vista no parece ser más que una curiosidad estética, a mi humilde ver tiene, como toda estética, raíces más profundas. Esta moda del cambio de color gubernamental, de hecho, me alarma como síntoma inequívoco de una enfermedad social solapada.

En efecto, lo público, por naturaleza, se contrapone a lo privado. Consúltese si se quiere cualquier diccionario de antónimos. Desde el momento en que el candidato de un partido político obtiene un cargo público, ejerce su función y su ministerio para todos, y no sólo para sus correligionarios. Justamente porque es "público", es "de todos", más allá de que provenga de esta o aquella facción política.

Por ejemplo, cuando Cristina Fernández ganó las elecciones nacionales, pasó a ser la presidenta no del Frente para la Victoria sino la "presidenta de todos los argentinos", como a ella misma le gusta decir.

Las instituciones públicas tienen sus símbolos legítimos y reconocidos: nuestro país tiene su bandera y su escudo. También cada provincia, municipio o ciudad tiene sus propios emblemas distintivos. Ellos identifican al total de las personas que pertenecen a sus jurisdicciones, sin excepción. La bandera de la provincia de Buenos Aires -recientemente creada- o su escudo me simbolizan a mí y a todos los que viven en ella.

Por eso es llamativo que los titulares de las adminstraciones provinciales o municipales estén optando por dejar de lado los símbolos institucionales para acuñar otros alternativos... Se podrá decir en su defensa que no se intenta ciertamente reemplazar los emblemas públicos sino significar la propia gestión en tal o cual cargo público. En todo caso lo cierto es que la gestión se ve, siente y expresa como algo "privado", como algo perteneciente a la persona o al grupo político que la detenta, y no como algo que merezca ser significado con los símbolos "de todos". 

A mí esta tendencia me preocupa bastante: ¿no debería ser un orgullo del funcionario elegido por los ciudadanos poder estampar junto a cualquier obra llevada a cabo por él el escudo de la institución que representa? ¿No es acaso un privilegio para quien tiene un ministerio "oficial" poder rubricar sus actos y sus ordenanzas con los símbolos que identifican a toda su gente?

Eso debería ocurrir si lo "público" tuviera sentido. Es lamentable que los gobernantes prefieran un logotipo "personalizado" o en el mejor de los casos "partidizado" en lugar de los símbolos públicos. Esta "moda" de entender y vender las instituciones públicas como empresas privadas no es banal: está expresando que nuestro pueblo (y lamentablemente también sus representantes) ya no sabe qué es lo público. Ya no siente que lo público tenga que ver con lo que es "de todos": empezando por los baños públicos, pasando por los paseos públicos, los colegios y hospitales públicos... evidentemente alguna vez se iba a llegar hasta las más altas instituciones públicas. No son de todos: son "de nadie"... Y cuando no son de nadie, quedan libradas al más fuerte, y así acaban por "privatizarse". De este modo, podemos constatar que el sentido de lo público recorre un itinerario degenerativo que comienza por su enajenación ("no es de nadie") y finaliza en su privatización ("es del que tiene el poder").

 Será por eso que en nuestro país no hablamos de "administración" para referirnos al gobierno. Se administra lo que no es propio, sino que es de otro, y en el caso de la administración pública, "de todos". Los logotipos privatizados de nuestras gestiones "públicas" expresan cabalmente la manera que tenemos los argentinos de entender el poder político: no como un servicio honorabilísimo de servicio responsable a la sociedad, sino como un medio para alcanzar los propios intereses de quien lo ejerce.
Tal vez mi ponderación sea un tanto trágica, pero me llama la atención cuán benignamente la sociedad acepta estas "modas" tan poco inocentes, y por eso me animo a echar esta leña medio verde al fogón de la reflexión sobre nuestra patria, en el marco del Bicentenario.

Al menos, todavía la presidenta utiliza nuestra bandera y nuestro escudo nacionales... ¿Quién sabe? Si hasta ahora no nos han privatizado la mismísima república, quizá podremos tener motivos de esperanza.